Jurisprudencia Constitucional

COMPETENCIAS SOBRE CULTURA, DEPORTE Y RELACIONES EXTERIORES. CA País Vasco. Constitucionalidad del art. 16.6 de la Ley del Parlamento autonómico 14/1998, del deporte, que señala que las federaciones vascas de cada modalidad deportiva serán las únicas representantes del deporte federado vasco en el ámbito internacional, siempre que se trate de deportes en los que no existan federaciones españolas, y que en ningún caso se impidan o perturben las competencias del Estado de coordinación y representación internacional del deporte español. La participación o afiliación de entidades deportivas y/o culturales autonómicas en organizaciones internacionales no implica per se la atribución al órgano autonómico de que se trate de la condición de sujeto internacional, cualidad que conforme al art. 149.1.3 CE le está vedada. Supuestos en que las federaciones vascas no tienen correspondencia en una federación española sino que, conforme a la normativa internacional aplicable y a las propias previsiones estatales, participan directamente en una competición internacional porque no se ve involucrado un interés nacional. No se afecta al deporte federado español en su conjunto, ni se incide en la imagen del Estado español. VOTOS PARTICULARES.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 16.6 Ley del Parlamento Vasco 14/1998, del deporte, sobre atribución a las federaciones vascas de la exclusividad de la representación del deporte federado vasco en el ámbito internacional, y señala su constitucionalidad.

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. Promovido por el presidente del Gobierno contra los arts. 4, 6 y 8 a 11 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. Mantenimiento de la suspensión del art. 4, que habilita la Generalidad para celebrar convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de Estados miembros de la Unión Europea. Su vigencia y aplicabilidad puede ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación para el interés general en las relaciones internacionales y la política exterior de España. Su regulación implica un ejercicio del ius contrahendi, susceptible de reconocer derechos y de originar obligaciones frente a poderes públicos extranjeros. Levantamiento anticipado de la suspensión del resto de preceptos, relativos a la inscripción de determinados profesionales del deporte en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña. No se justifica que tal levantamiento suponga un perjuicio grave para el interés público al que sirve la unidad de mercado, y tampoco se acreditan los supuestos perjuicios que ocasionaría a las libertades de establecimiento y de circulación de los profesionales del deporte y a la igualdad de tales profesionales en el acceso al mercado laboral.
El Tribunal Constitucional acuerda mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015 de 14 May., de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, y decide levantar la suspensión de los arts. 6 y 8 a 11 de la misma Ley.

 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS. Igualdad ante la ley. Profesores de educación física. Colegiación obligatoria para ejercer la profesión. Exención de los titulados que estén al servicio del Estado. Carácter no discriminatorio. No consideración como asociaciones a los efectos del artículo 22 de la Constitución. Colegiación obligatoria. Inexistente vulneración del principio de libertad asociativa. Libre elección profesional y de oficio. Necesidad de servir a un interés público en la creación de colegios profesionales. Determinación legislativa. COLEGIOS PROFESIONALES. De profesores y licenciados en educación física. Adscripción obligatoria. Reserva de ley. Razones que la justifican.
Se recurre en amparo contra sentencia del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Badajoz, que revocó la dictada por el Juzgado de Distrito núm. 1 de esa misma capital y condenó al actor como autor de una falta de intrusismo del anterior Código Penal. El Tribunal Constitucional deniega el amparo, si bien el Voto particular de un Magistrado se pronuncia a favor de su otorgamiento.

COMPETENCIAS SOBRE CULTURA, DEPORTE Y RELACIONES EXTERIORES. CA Cataluña. Constitucionalidad del inciso 1º del art. 19.2 Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988, de 7 Abr., del Deporte, en la redacción dada al mismo por el art. 2 Ley 9/1999, de 30 Jul., de apoyo a las selecciones catalanas, que señala que «las federaciones deportivas catalanas de cada modalidad deportiva son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los ámbitos supraautonómicos», siempre que se trate de deportes en los que no existan federaciones españolas y que, en ningún caso, se impidan o perturben las competencias del Estado de coordinación y representación internacional del deporte español. La norma impugnada no contiene referencia alguna al carácter exclusivo o excluyente de la representación que se atribuye a las federaciones catalanas en ámbitos supraautonómicos. La vigencia del principio de territorialidad de las normas y actos de las Comunidades Autónomas no excluye su excepcional eficacia extraterritorial ni su proyección, incluso más allá del territorio español, siempre y cuando no se afecte a materias propias del ordenamiento internacional, ni se enerve o condicione el ejercicio de otras competencias que correspondan al Estado. Las federaciones catalanas podrán participar directamente en eventos deportivos internacionales siempre que no se produzca una confluencia entre el interés nacional del que es portador el deporte federado español y el interés propio de la Comunidad Autónoma en la proyección exterior de su actividad deportiva, con respeto a lo establecido en la normativa estatal y a los estatutos de la federación internacional de que se trate.
El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el artículo 2 Ley del Parlamento de Cataluña 9/1999, de 30 Jul., de apoyo a las selecciones catalanas, en relación a la representación que ostentan las federaciones catalanas en el ámbito internacional, y señala su constitucionalidad.

DEPORTES. Régimen sancionador. Inconstitucionalidad del artículo 69.3 c) de la Ley 10/1990, del deporte. PRINCIPIO DE LEGALIDAD SANCIONADORA. Vulneración. Tipificación de la infracción por remisión legislativa. El referido artículo tipifica las infracciones leves con un mera remisión a las prescripciones reglamentarias que no estén incluidas en los apartados anteriores del mismo artículo, esto es, las infracciones muy graves y graves. De esta manera, no concurren los elementos esenciales de la conducta antijurídica, lo que permite una regulación reglamentaria independiente, no sometida, siquiera en sus líneas fundamentales, a la voluntad de los representantes de los ciudadanos, en degradación de «la garantía esencial que el principio de reserva de ley entraña».
El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo núm. 1 de Mérida y, en su virtud, declara inconstitucional y nulo el artículo 69.3 c) de la Ley 10/1990, del deporte.

COMUNIDADES AUTONOMAS. Conflicto positivo de competencias. Modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio: efectos. Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. No incardinación en la materia «deporte». Ambitos competenciales diferentes en los espectáculos públicos. Medidas de policía administrativa y de seguridad pública. Adscripción al título competencial pertinente. Concepto estricto de seguridad pública. Protección de personas y bienes y mantenimiento de la tranquilidad y orden ciudadano. Ambito material. Posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas. Competencia estatal sobre seguridad pública. Actuaciones preventivas y reactivas respecto de las manifestaciones de violencia que pudieran producirse con motivo de la celebración de espectáculos deportivos. Encuentros de fútbol profesional. Disposiciones de policía de espectáculos. Análisis de los artículos del Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. Disposiciones generales. Responsabilidades de los organizadores. Control informatizado de acceso al recinto. Venta de entradas. Localidades de asiento y numeradas. Zonas reservadas y distantes entre sí para situar a las aficiones rivales. Condiciones de expedición, formato y características de los billetes de entrada. Actuaciones de las juntas directivas o consejos de administración. Condiciones de los envases de productos que se introduzcan o expendan en las instalaciones deportivas. Cometidos y obligaciones del personal al servicio de los organizadores. Cometidos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sistema de calificación del riesgo. Sistema de coordinación y colaboración. Medidas operativas, específicas y simultáneas. Prácticas de capacitación. Simulacros de emergencias. No incardinación en el ámbito de competencia de Cataluña sobre su propia policía autónoma. Atribución a las autoridades gubernativas del Estado de las potestades de dirección y coordinación de los servicios de seguridad. Unidad de control organizativo. Actas, informes y propuestas que se han de cumplimentar tras la celebración de los eventos deportivos. Regulación de las sanciones. Adaptación de los recintos o instalaciones deportivas.
El conflicto positivo de competencia es promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos. La Generalidad de Cataluña considera que el Real Decreto vulnera sus competencias en materia de espectáculos y de creación de su propia policía, asumidas en los artículos 9.31, 13 y 14 del Estatuto de Autonomía, mientras que el Gobierno de la Nación afirma que el Real Decreto se dicta en el ámbito de la materia «seguridad pública» y, de forma subsidiaria, encuentra cobertura y la competencia estatal sobre competiciones deportivas en el ámbito nacional e internacional. Admitido a trámite el conflicto y examinadas las correspondientes alegaciones, el Tribunal desestimó el conflicto, se formula voto particular por dos Magistrados respecto de los artículos 39.2, 40.1, 43, 44, 56 A) y B) del Real Decreto impugnado, por considerar que se refieren a objetivos regulados en otros artículos del Real Decreto y que obligan a la policía autónoma catalana, menoscabando el ámbito funcional de la competencia de la Generalidad de Cataluña sobre su policía autónoma.