Jurisprudencia Constitucional

  • Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 16/1994 de 20 Ene. 1994, Rec. 41/1990

    ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. Constitucionalidad de la normativa reguladora. Criterio para su concesión en base al salario mínimo. No constituye discriminación.

    En el Juzgado de Distrito de Rentería se siguió juicio de cognición, en el que los demandados solicitaron el beneficio de justicia gratuita; como quiera que superaban el doble del salario mínimo interprofesional, antes de resolver, el Juez trasladó a las partes su duda sobre la constitucionalidad de los arts. 14 y 15 LEC, tras lo que planteó la cuestión de inconstitucionalidad. Esta ha sido desestimada por el Tribunal Constitucional. Hay dos votos particulares.
  • Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 95/2003 de 22 May. 2003, Rec. 1555/1996

    ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. Impugnación del inciso «que residan legalmente en España» del artículo 2 a) de la Ley 1/1996. Exclusión del derecho a la asistencia letrada de oficio a los extranjeros que no se encuentran residiendo legalmente en España. En virtud de tal precepto, dichos extranjeros, si carecen de recursos económicos, no podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones administrativas referentes a su status de extranjero, ya que para ello es preciso servirse de abogado y procurador, con lo que se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, del que son titulares todas las personas. Inconstitucionalidad de la expresión «legalmente». Alcance de la declaración de inconstitucionalidad. VOTOS PARTICULARES.

  • Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 140/2016 de 21 Jul. 2016, Rec. 973/2013

    RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. TASAS JUDICIALES. Declaración de nulidad parcial del artículo 7 de la Ley 10/2012. Pérdida sobrevenida de objeto respecto a las personas físicas exentas de pago desde la reforma RDL 1/2015. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GRATUIDAD DE LA JUSTICIA. Derechos fundamentales no vulnerados; la ley controvertida contempla supuestos de exención y de pago flexible para aquéllas personas jurídicas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Atributos de necesidad y proporcionalidad: análisis exhaustivos de las cuotas fijas y variables de las diferentes tasas. La Ley 10/2012 sólo resulta idónea en el sentido de alcanzar el fin constitucionalmente legítimo de mantener un modelo de financiación mixta de la Justicia, y sin embargo no alcanza el fin también legítimo de evitar situaciones de abuso BARRERA ECONÓMICA. Falta de la debida proporcionalidad. Infracción del derecho fundamental de acceso a la jurisdición y al recurso por lo excesivo de los importes de determinadas tasas de las jurisdicciones civil, contencioso-administrativo y social. Producción de efectos pro futuro de la nulidad declarada.

    El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, declarando la pérdida sobrevenida del objeto en lo que se refiere a la impugnación de los arts. 3.1 y 1 y 7, en su aplicación a las personas físicas y la inconstitucionalidad y nulidad de su art. 7, apartado 1, en los siguientes incisos: «En el orden jurisdiccional civil: (...) Apelación: 800 €; Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €»; «En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Abreviado: 200 €; Ordinario: 350 €; Apelación: 800 €; Casación: 1.200 €»; y «En el orden social: Suplicación: 500 €; Casación: 750 €»; con los efectos indicados en el F J 15 y la inconstitucionalidad y nulidad de su art. 7, apartado 2, con los efectos indicados en el anterior FJ 15.5º.