Jurisprudencia

  • Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 118/1996 de 27 Jun. 1996, Rec. 1191/1987

    COMUNIDADES AUTONOMAS. Cataluña. Ordenación de los transportes terrestres. Interpretación de la cláusula de supletoriedad del derecho estatal contenida en el artículo 149.3 de la Constitución. Presupuestos de aplicación. Impugnación de la Ley 16/1987 de 30 de julio. Política económica común por el Estado. Normas básicas. Principios generales a que deben ajustarse la organización y funcionamiento del sistema. Régimen de competencias. Potestad de coordinación. Adecuada dotación de infraestructuras. Funciones relativas a la gestión en el sector. Marco de la actuación pública. Medidas correctoras de las posibles deficiencias e insuficiencias estructurales del sistema. Suspensión, prohibición o restricción de servicios o actividades por motivos de defensa nacional, sanitarios o de orden público. Causas graves de interés social. Portes intracomunitarios. Coordinación entre las diferentes Administraciones interesadas. Necesidades de protección civil. Procesos de elaboración de planes. Informe preceptivo del Consejo Nacional. Funciones de las Juntas Arbitrales. Condiciones previas de carácter personal para el ejercicio profesional. Títulos administrativos habilitantes. Consideración discrecional de los portes de mercancías. Clasificación en interiores e internacionales. Comité Nacional. Límites a su actuación. Formas de prestación. Gestión directa. A través del régimen de concesiones. Carácter exclusivo. Excepción de la zona de influencia de los grandes núcleos urbanos. Potestad de modificación de las condiciones. Deber de respetar el equilibrio financiero. Incorporación de servicios lineales. Posible unificación. Alteraciones por circunstancias socioeconómicas o tecnológicas. Transportes privados complementarios y turísticos. Urbanos. Centros de información y distribución de cargas. Estaciones. Contratos de arrendamiento de vehículos. Régimen sancionador. Anulación de permisos por infracción del ordenamiento jurídico. Tasa por el otorgamiento de la declaración de porte o documentos administrativos análogos. Adscripción del rendimiento. Construcción de ferrocarriles. Integración en la noción de obra pública. Imposición por el Gobierno de características técnicas mínimas y uniformes. Anchura y espacio entre vías. Red Nacional Integrada de Transportes Ferroviarios. Extensión del régimen especial de RENFE a otras compañías. Control de la gestión de la sociedad estatal. Empresa Nacional de Transportes por Carretera. Creación de tasas. Presentación por el Gobierno de proyecto de ley. Ejercicio de la potestad reglamentaria. Previsión abstracta. Servicio público de trolebuses de carácter interurbano. Régimen transitorio sobre la convalidación y canje de los títulos habilitantes. Impugnación de la Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio. Servicios regulares de viajeros de uso especial. Tarifas de tráficos de corto recorrido. Potestad normativa de ejecución y desarrollo de normas estatales. Establecimiento de límites. Adquisición, acreditación y control de la capacitación profesional necesaria. Delegación de facultades por el Gobierno en materias de su titularidad. Previsión de técnicas de intervención. Supresión de actos y acuerdos por el Ministerio. Análisis constitucional de la Ley 12/1987 de 28 de mayo de Cataluña. Infracciones en materia de seguridad, utilización del tacógrafo y otros instrumentos de control. Desplazamiento de viajeros en vehículos de motor. Técnica de cooperación en caso de competencias compartidas. Distribución de potestades a partir del criterio de la extensión territorial del itinerario. CONSTITUCIONALIDAD. Recursos por infracciones del sistema de distribución de competencias.

  • Tribunal Constitucional, Pleno, Auto 237/2012 de 11 Dic. 2012, Rec. 4838/2012   

    CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. En relación con el art. 138 de la Ley 16/1987, de 30 Jul., de ordenación de transportes terrestres, al permitir sancionar al titular de la licencia de auto-taxi, aunque no sea el autor material de las infracciones por las que se le sanciona. Inadmisión a trámite de la cuestión. Aplicación de la doctrina constitucional que admite la responsabilidad administrativa por culpa «in eligendo» o «in vigilando» de los titulares de licencias de explotación de actividades. La sanción no se impone por el mero hecho de ser titular de la licencia y por el hecho de otro, sino que la imputación es consecuencia de un hecho propio. Posición del titular de la licencia como garante del cumplimiento de las condiciones administrativas y que justifica que se exija a éste el deber de prevenir que la persona dependiente, en este caso el conductor, realice determinadas acciones. No vulneración del principio de legalidad del art. 25.1 CE por desconocimiento del principio de culpabilidad. Todo juicio de reprochabilidad por la conducta tipificada como infracción administrativa, una vez probados los hechos y acreditada la culpabilidad, supone la imposición, como consecuencia jurídica, de una sanción al infractor, por lo que la sanción que prevé el precepto cuestionado deriva de la responsabilidad personal y directa del titular de la licencia en la explotación de la actividad económica del servicio público del auto-taxi.

    El Tribunal Constitucional inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 11 de Madrid, respecto del artículo 138 Ley 16/1987, de 30 Jul., de ordenación de transportes terrestres.

  • Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 232/2006 de 17 Jul. 2006, Rec. 5338/2003

    DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS. Principio de legalidad del derecho sancionador. Sanciones impuestas en aplicación de la Ordenanza municipal de Madrid reguladora del servicio de taxis antes de la entrada en vigor de la Ley 20/1998 de 27 de noviembre (ordenarción y coordinación de transportes urbanos en la Comunidad de Madrid). Vulneración del principio de legalidad. Doctrina: examen de jurisprudencia del Tribunal Constitucional en idéntico sentido.

  • Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 13/2013 de 28 Ene. 2013, Rec. 5371/2011

    CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Nulidad del apartado 7 del art. 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 Nov., de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid. Derecho a la legalidad sancionadora. Vulneración. La remisión del apartado 7 de la ley al reglamento no satisface las exigencias del art. 25.1 CE, pues se efectúa sin una «definición básica de la conducta prohibida en la propia ley», es decir, sin definir los elementos esenciales de la conducta antijurídica. Atribución por el apartado 7 de un amplio margen al reglamento para la fijación de las conductas sancionables. Esta remisión a la potestad reglamentaria de una tipificación autónoma de infracciones, sin respetar la garantía formal que se deriva del citado principio de legalidad sancionadora, determina la inconstitucionalidad del apartado 7 del mencionado precepto.

    El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada, y declara nulo el apartado 7 del art. 16.2 b) de la Ley 20/1998, de 27 Nov., de ordenación y coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid.